Hoy es un día muy importante para la política, para la Cámara de diputados, para
mí y el equipo que lideró la campaña. Pero muy especialmente lo es para miles
de familias chilenas. Los abusos del dicom llegan a su fin y eso es obra de la
política y del congreso nacional.
Hoy el Congreso nacional se viste de gala para defender a
los casi 4 millones de chilen@s que se encuentran en los registros del dicom.
Han sido muchos años de uso y abusos de los datos comerciales de las personas.
En una economía que promueve el consumo, no parece adecuado que quien tenga un
tropiezo enfrente una condena económica y social perpetua. No son compatibles
los llamados a la innovación y al emprendimiento con un sistema que a la
primera caída (natural de la innovación) no da posibilidad de ponerse de pie,
sino que lo aplasta como el peor de los defraudadores.
Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) o el mismo
Carlos Slim no habrían logrado lo que obtuvieron si en sus países hubiere
existido dicom como existe hasta hoy en Chile porque ellos, como todo innovador
corrieron riesgos, cayeron muchas veces y se levantaron.
No es aceptable el doble estándar de nuestra sociedad. En el
Chile de hoy existe un disvalor entre la vida y la propiedad que se refleja en
muchas normas y en este ámbito no es la excepción. Si, lo digo con dolor, en
Chile un criminal puede, después de 10 años de cumplida su condena borrar sus
antecedentes penales por una vez en la vida, pero un ciudadano honesto, un
emprendedor arriesgado o un innovador que tropieza no puede borrar una deuda.
La deuda parece más grave que un crimen. No señores, esto debiera provocarnos
como legisladores, la vida y la integridad de las personas debe estar siempre
por sobre la propiedad, por muy preciada que esta sea.
Cuando el 2009 comenzamos esta cruzada nos decían que no lo
lograríamos. Pensaban que era una campaña más sin ningún destino como tantas
otras. Son muy poderosos, no lo lograran nos decían algunas personas. Aquí hubo
colegas que no quisieron sumarse a la campaña por el temor al fracaso y al
costo político. No nos importó, seguimos adelante.
Usando las redes sociales logramos reunir a 1.236
voluntari@s en todo chile bajo un concepto “no + abusos del dicom” una muestra
de confianza recíproca nos ligó en una noble cruzada de Arica a Punta Arenas. A
esos voluntarios anónimos vengan mis agradecimientos por su incansable y
desinteresado trabajo de terreno. Fueron algunos “rostros” de televisión los
que nos ayudaron a montar nuestra campaña viral. Julios César Rodriguez,
Marisela Santibañez, Erto Pantoja, Teresita reyes entre otros, confiaron en
nuestro trabajo y ayudaron a sumar esfuerzos.
Un momento de inflexión fue el compromiso de diputados y diputadas
que con su experiencia y trabajo de terreno dieron un nuevo impulso a la
campaña. Orlando Vargas, Felipe Ward y Marcos Espinoza, Marcelo Diaz, Matías
Walker, Adriana Muñoz y Gonzalo Uriarte, Marco Antonio Nuñez, Rodrigo Gonzalez,
Ricardo Lagos Weber, Lily Perez, Juan Luis Castro, Ricardo rincón, Ximena
rincón, José Miguel Ortiz, Carlos Abel Jarpa, Joaquín y Eugenio Tuma, Fuad
chahin, Patricio Vallespín, Fidel espinoza y Alfonso de Urresti, René Alinco,
Carolina Goic, Maria Antonieta saa, ramón Farías, Jorge Burgos, Karla rubilar,
Pedro Browne y Osvaldo Andrade, entre otros. Juntos logramos 1.086.314 firmas
de apoyo a nuestro proyecto.
Luego con un equipo de abogados (a quienes aprovecho de
agradecer) nos abocamos a hacer un buen proyecto, algo serio, responsable,
basado en experiencia internacional y con aplicación e las normas de protección
de datos personales fundadas en los principios de la unión europea y la OCDE. Un proyecto que
pone en el centro a la persona y sus derechos. Lo ingresamos el 22 de diciembre
de 2010 e iniciamos su tramitación.
Cómo no recordar cuándo para graficar la urgencia e
injusticia del sistema le mostré al entonces ministro de economía Juan Andrés
Fontaine su informe dicom. Nos enteramos de sus haberes y sociedades. Graficamos
en la autoridad lo que sufren millones de compatriotas cuando a sus espaldas
les consultan sus datos para categorizarlos y discriminarlos.
Gracias a los buenos oficios del diputado Gonzalo Arenas,
presidente de la comisión de economía de la cámara y de todos sus integrantes,
logramos su pronto despacho, el 17 de Agosto de 2011, con 96 votos a favor y
ninguno en contra la Cámara
de diputados despachaba este proyecto al Senado. Una votación que reflejó una
mayoría abrumadora y transversal, de la cual me enorgullezco al observar que
este hemiciclo no fue permeable al intenso lobby desplegado en los pasillos de
nuestra corporación por la empresa afectada y por algunos otros agentes de la
industria.
En el senado se le introdujeron algunas modificaciones que
perfeccionaron el proyecto y otras que lo relativizaron, pero en el conjunto de
ellas, la idea matriz de la protección de las personas y sus datos personales
se mantuvo hasta su despacho el 18 de Enero de 2012 por 23 votos a favor y 0 en
contra.
Unanimidad en ambas cámaras presidente, lo que demuestra que
se trata de un proyecto serio, responsable y justo y echa por tierra los
catastróficos presagios que advertía Equifax y la industria de tratamiento de
datos.
Hoy, esta Cámara recibe en último trámite constitucional un
proyecto que cambiará la forma de usar y comunicar los datos comerciales de las
personas. Qué pone reglas al acceso de los mismos y los condiciona sólo para la
evaluación de riesgo de crédito, terminando con la posibilidad de acceder a ellos
a terceros que no realicen este tipo de evaluaciones.
El proyecto junto con reconocer que los datos pertenecen a
cada persona, quedan sujetos a reglas de mayor protección. Se consagra el
principio de finalidad del dato, que para estos efectos es la evaluación de
riesgo de crédito. Es decir, se entiende que los administradores y
distribuidores de registro o bancos de datos sólo pueden permitir el acceso a
dichos datos a quienes realicen esta actividad.
Se prohíbe expresamente la consulta de antecedentes
comerciales de entidades o personas distintas de los evaluadores de riesgo de
crédito.
Se prohíbe acceder a estos datos y usarlos para discriminar
en contrataciones en el sector público y privado. Nunca más se podrá consultar
el dicom para condicionar el acceso a un puesto de trabajo. De igual forma se
prohíbe la consulta de los datos comerciales como condición de la atención
médica de urgencia en clínicas y hospitales para que nunca más una mamá, papá o
apoderado deba sufrir en la sala de urgencia la negativa de atención de
urgencia porque tiene dicom. Se termina con la posibilidad de condicionar las
matrículas de educación, sea preescolar, escolar o superior a los antecedentes
comerciales de las personas.
Se prohíbe la incorporación en registros públicos de las
deudas repactadas porque si usted debe algunas cuotas y las repacta, renueva o
firma un convenio de pago, regularmente el acreedor le cobra un interés mayor,
una multa o un aumento de plazo. Nunca más deudas repactadas al sistema.
Se termina con la incorporación al dicom de las deudas
originadas por el Tag de las rutas concesionadas. No parece justo que además
del privilegio consignado en el artículo 42 de la ley de concesiones que los
faculta a incrementar los montos de las multas, tal como me enseño mi colega el
diputado patricio hales, cuenten con un segundo beneficio adicional de poder
enviar las deudas al dicom frente al mero retraso de una cuota. En ocasiones
por montos ínfimos que afectan la capacidad de pago de muchos ciudadanos.
Se establece que las empresas generadoras del dato publicado
deberán en un plazo máximo de 72 horas (3 días) contados desde el pago o
extinción de la obligación para borrar de los registros públicos dichas
morosidades. Poniendo fin a esa larga espera de quien ha pagado una deuda para
que lo saquen del dicom y poder rehacer su vida.
Las empresas deberán crear un registro donde se consignará
fechas de consultas, nombre de quien consultó y razones de la consulta de los
datos comerciales de otra persona. Dejarán la huella para advertir al titular
de los datos.
Se consigna un derecho legal para todos l@s chilen@s. A
contar de la vigencia de la ley, se podrá exigir gratuitamente 3 veces al año
un certificado de sus datos comerciales para saber quien lo ha consultado, la
razón y la justificación de su acceso. Para que cada uno de nosotros sepamos
quien accedió y cuál fue la razón por la cual se le dio acceso a nuestros datos
y así en caso de infracción, poder ejercer los derechos legales.
La ley establece que cada entidad que administra un registro
o banco de datos o distribuidor de ellos deberá contar con un responsable que
deberá ser comunicado públicamente a fin de facilitar a los ciudadanos la
posibilidad de reclamo o ejercicio de acciones jurisdiccionales que
correspondan.
Por último, la norma que hoy se somete a nuestra
consideración contempla excepcionalmente que todas aquellas personas que al 31
de diciembre de 2011 figuren en los registros de deudas con morosidades
inferiores a $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) por concepto de
capital, serán borrados de los registros de deudas para permitir un pronto
reemprendimiento para que puedan pagar sus deudas. Es muy importante precisar
que lo que se borrará serán los registros en las bases de datos no las deudas
ya que todo acreedor tiene derecho a cobrar lo que se le debe.
Estimad@s diputad@s hoy como pocas veces en este período
estamos en presencia de un proyecto que va al corazón de la desigualdad y en
apoyo de quienes quieren emprender.
Entre todos hemos construido una sociedad de consumo, donde
el acceso a bienes constituye un estatus en la sociedad. Esto nos ha llevado a
que estemos en una sociedad sobreendeudada, una “sociedad subprime”: 22
millones de tarjetas de crédito y de casas comerciales; 21 millones de
teléfonos móviles, 60% de las familias que gastan más del 50% de sus ingresos
en el pago de deudas, 4 millones de personas en los registros del dicom, nos
indican que lo que estamos haciendo hoy aliviará a miles de familias, pero
nuestro desafío es mayor y más profundo.
Debemos enfrentar el sobreendeudamiento, con prevención y
formación económica. Debemos terminar con el hecho que el sobreendeudamiento de
las familias sea un buen negocio para algunos bancos que terminan vendiendo sus
carteras vencidas como paliativo de su mala colocación. Debemos evitar que se
ofrezcan créditos a los adultos mayores con pensión básica solidaria que en la
práctica significa una verdadera expropiación mensual de una pensión que
concebimos como una retribución esencial a los adultos mayores más pobres de
nuestro país.
Entre todos hacemos esfuerzos para disminuir la desigualdad,
lo que se materializa en diversas iniciativas legislativas y administrativas,
pero no lograremos nuestro objetivo sino terminamos con esta persecución social
que significa el dicom.
Hoy avanzamos, sin duda, pero falta mucho. Esta corporación,
paralelamente está discutiendo proyectos relativos a la consolidación de deudas
y a la protección de datos personales. Ciertamente es positivo que el mercado
cuente con información veraz y actualizada para evaluar el riesgo de crédito y
evitar el sobreendeudamiento de las familias chilenas, pero es tanto o más
importante que dicha información se encuentre circunscrita a ese objetivo y no
a otros que sirvan para afectar derechos fundamentales. Información que no sea
transada a espaldas de sus titulares ni sea usada como mecanismo de incremento
de la ya concentrada industria bancaria. Si queremos incrementar la información
comercial de las personas, no es aceptable que los bancos más allá de lo que
dice la ley sigan manteniendo los “registros históricos y clandestinos” y los
usen para discriminar a sus potenciales clientes. En el derecho comparado el
“derecho al olvido” es una realidad. Transcurridos 5 años se deben borrar los
datos, no sólo se prohíbe su comunicación, se prohíbe su uso, mientras la banca
chilena hace gala de una verdadera confabulación para mantener estos registros.
Señor Presidente, hoy nos acompañan vecin@s de la comuna de
Santiago, much@s de los cuales participaron activamente de nuestra cruzada de
respaldo ciudadano a esta iniciativa, vengan mis agradecimientos por su trabajo
y confianza.
En momentos en que la política y nuestro parlamento es
cuestionada por la opinión pública, hoy, hacemos un aporte concreto y práctico
para cerca de 4 millones de personas al regular el uso de los antecedentes
comerciales. A contar de esta ley nuestros compatriotas gozarán de nuevos
derechos e importantes protecciones en el uso de sus datos personales. Mañana
será otro día, un día diferente donde podremos decir que en 13 meses, si
Presidente, en 13 meses hemos cambiado el sistema de protección de datos
personales para proteger a los más débiles. No a los frescos ni los
defraudadores, sino a la señora que sufrió el abandono de su marido y que no le
pagó la pensión alimenticia; al emprendedor que cayó una vez, al que lo
despidieron del trabajo; al que tuvo que asumir la enfermedad catastrófica de
un hijo o al que tuvo que optar entre el pago de la cuota de la casa comercial
o la educación, salud o alimento de sus hijos.
Gracias a todos por permitir hacer realidad esto que parecía
imposible y convertir en ley permanente la protección de las personas. Gracias
por permitirme concretar un proyecto que renueva el sentido de mi función
legislativa, gracias por avanzar en regulación para disminuir las
desigualdades. Falta mucho por hacer pero hoy que finalizamos el período
legislativo podemos decir con propiedad que hemos contribuido con este proyecto
a proteger a las familias más desposeídas de nuestro país.
Gracias a todos por la confianza, muchas gracias.