El concepto de justicia puede
explicitarse desde diversos puntos de vista: el ético, moral, como virtud,
filosófico, religioso, del derecho entre otros, pero quisiera buscar respuestas
a muchas interrogantes de acuerdo a como se aplica justicia hoy en Chile, en
particular a causas Mapuche, de acuerdo al derecho.
La justicia es uno de los
principios generales del derecho, a ella recurre el legislador cuando quiere
establecer un estatuto jurídico programático, y también recurre a ella el juez, al
tener que dar solución a las controversias jurídicas que carecen de un estatuto
jurídico que les den solución y se dice que dichos actores en su
correspondiente orden jurídico o político actúan con justicia cuando nacen para
proteger y satisfacer los derechos básicos de los individuos.
La justicia se representa con una
mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la
otra. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia no mira a los
hombres, sino los hechos, es decir, que la justicia es igual para todos los
hombres. La balanza representa el juicio que determinará colocando a cada lado
de la balanza los argumentos y pruebas. La espada expresa que la justicia
castigará con mano dura a los culpables.
De acuerdo a la visión del Poder
Judicial chileno, uno de los tres pilares que sostienen el estado democrático
de derecho en Chile, junto al Poder Ejecutivo y el Legislativo, su trabajo está
enfocado a generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo la democracia
y contribuyendo a la paz social. Para ello, cumple su función de administrar
justicia de manera honesta, confiable y eficiente, bajo el concepto de servicio
de calidad a las personas, donde priman el respeto, la no discriminación y el más amplio acceso a
la justicia.
Pero como se explica esa justicia que se aplica a la protesta Social o
al movimiento de resistencia Mapuche que reivindica derechos territoriales,
culturales, económicos y políticos??
Desde el nacimiento del Estado,
Chile siempre ha mantenido una relación asimétrica con el Pueblo Mapuche, donde
se nos niega, nos despojó de nuestro Territorio ancestral, nos empobreció y nos dejó en el más absoluto abandono económico y
social. Si bien la lucha por la
reivindicación del territorio pos invasión militar marco un nuevo latido a allá
por el 1930, el movimiento Mapuche se reactivó fuertemente con la llegada de la
democracia,
¿Y que se entiende por democracia, o a la autoridad política chilena desvirtuó el significado???
En sentido estricto, la
democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones
colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación
directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido
amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros
son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen conforme
a mecanismos contractuales y es en esta cancha, donde una parte del movimiento
mapuche quiso jugar, ese movimiento mapuche más pasivo, ligado a los partidos
políticos, ONG y a la iglesia católica.
A pocas semanas de haber asumido
el primer gobierno de la Concertación, se crea por decreto supremo la Comisión
Especial de los Pueblos Indígenas (CEPI), sucediéndose a través de ella un
vínculo directo entre los representantes de organizaciones indígenas, partidos
políticos y el gobierno. El resultado final, la promulgación de la Ley Indígena
19.253 en el año 1993, sin embargo, el
movimiento Mapuche de ese tiempo comenzó a exigir más participación en la vida
política y en la toma de decisiones, pero
como Chile no tiene memoria, los gobiernos de la Concertación tempranamente
comenzaron a enfrentar el movimiento Mapuche, utilizando para ello, una
novedosa pero a la vez oscura estrategia, se idearon dos vías de acción, por un lado atacar el supuesto problema
mapuche mediante el asistencialismo y paternalismo de estado, mostrando la imagen de gobiernos de carácter social, implementando becas, subsidios, programas
orígenes, manipulando la dirigencia para desarticular con auspiciosos
proyectos, esta estrategia a cargo del
Ministerio de Planificación y CONADI. y por otra parte, criminalizar la protesta
Mapuche, comenzaron a judicializar las reivindicaciones
territoriales, culturales y económicas de los Mapuche, la vía de la judicialización, la persecución, los encarcelamientos y
montajes corrieron por parte del Ministerio del Interior y la policía, y para
eso, se comenzó a utilizar la Ley
Antiterrorista, ley redactada en tiempos de dictadura, pero efectiva para
aplacar el movimiento Mapuche en Democracia, con esta ley, se ha validado la militarización del Territorio Ancestral,
generando un clima de provocación y odio al interior de las comunidades.
Pero ¿Qué dice la ley
antiterrorista que tantos dividendos le ha generado a Chile al sur del
Bio-Bio???
La ley 18.314 endurece las
condenas para delitos ya establecidos en el Código Penal (incendio, homicidio o
secuestro), llegando incluso a doblar las penas previstas para ellos. Permite
el uso de testigos "sin rostro", restringe el acceso a medidas
cautelares y extiende los períodos de prisión preventiva. La ley antiterrorista
se empezó a aplicar a personas mapuche o relacionadas, desde el 2001 en
adelante, por hechos de protesta social vinculadas a nuestras históricas
demandas, como las de reivindicación territorial o derechos de carácter
político".
El uso de la ley antiterrorista
sobre lo mapuche fue cuestionado en los
años 2003, 2009 y 2013 por los relatores especiales de derechos indígenas
Rodolfo Stavenhagen, James Anaya y Ben Emmerson.
De acuerdo a datos proporcionados
por el Ministerio Publico a los medios de comunicación y a investigaciones
realizadas por diversas fuentes, entre 2001 y 2016 se registran un total de 21 procesos por ley de conductas
terroristas. Las condenas por este tipo de delitos son 9, dos de estas son para
una misma persona, todos ellos personas de origen mapuche, de estas condenas, 7
fueron anuladas por la Corte Interamericana. Durante este mismo periodo, existían otras 53 personas
procesadas, 42 de ellas permanecían en prisión preventiva.
Durante el segundo gobierno de
esta supuesta democracia, es evidente que las cosas cambiaron, la justicia
Chilena se quitó la venda, inclino la balanza para el lado de quienes controlan
el poder y comenzó a utilizar la espada con mano de hierro, pero además
nuevamente se comenzaron a utilizar las balas como en los dramáticos tiempos de
dictadura, esta justicia ya sin vendas y con ojos descubiertos, dirigió su
acción prepotentemente hacia el movimiento de resistencia Mapuche.
La justicia chilena dejo de ser imparcial, honesta, confiable y
eficiente, como lo mandata el poder judicial, con su acción se ha debilitado
seriamente la democracia y en nada, pero
en absolutamente en nada a contribuido a la paz social, al contrario, lo único
que se está logrando es agudizar torpemente este conflicto, un conflicto que el
mismo Estado Chileno inicio allá por el 1861, cuando tomó la decisión de
invadir el Wallmapu, violando el tratado de Tapiwe, que pocos años antes (1825)
había celebrado con el Pueblo mapuche y comenzó una avanzada sangrienta al sur
del Bio-Bio, hoy esos tratados son reconocidos en el derecho internacional,
pero la autoridad política prefiere ignorarlo.
El Estado Chileno, ese que
debiera garantizar la aplicación de la justicia y resguardar el Derecho como lo
mandata la constitución política, para el caso Mapuche esa justicia prácticamente
no existe, el Estado Chileno con sus doctrina de la negación, asimilación,
incorporación y chilenizacion, ha sido el actor principal y el mayor vulnerador de, él y los derechos Mapuche, esos derechos
resguardados tanto en las leyes nacionales, como en las de carácter
internacional.
En las últimas décadas la
justicia chilena se ha vuelto toxica,
racista, reactiva y hasta perversa en contra de los Mapuche, es
más, en los últimos años ha existido una
verdadera cacería de brujas en contra del
movimiento en resistencia, se ha utilizado la ley antiterrorista de forma
indiscriminada para reprimir brutal y legalmente al pueblo mapuche y
desarticular el movimiento de resistencia más activo, de forma solapada se
montan juicios, se elaboran testigos falsos, pruebas y declaraciones arrancadas
bajo torturas, falsificando pruebas para encarcelar Mapuche. Con la utilización de esta nefasta ley, se han
infiltrado policías al interior de las comunidades, se ha detenido gente inocente, se han
utilizado testigos sin rostro en los tribunales de “Justicia”, y manipulando los medios de comunicación, han generado una
demonización muy peligrosa de la protesta Mapuche, porque es exactamente igual
a lo que hacía la Dictadura en sus peores épocas, cuando se perseguía a los opositores,
se les satanizaba, se les tildaba de terroristas, se hacían montajes, se les
detenía, se les torturaba y se les hacía
desaparecer”.
Pero porque es distinta la justicia que se aplica para el Movimiento
Mapuche a diferencia de la que se aplica para resto de la protesta social, como
es el caso de los pescadores, estudiantes, trabajadores, mineros, profesores,
de la salud, AFP, entre otros….???
Con mucha rabia y prepotencia
podemos ver como en los tribunales de justicias se invocan leyes para casos muy similares, pero por el
hecho de ser Mapuche, las cosas son muy distintas.
Quisiera poner en evidencia casos
muy similares en los hechos, pero muy distintos ante la ley
1. Según un estudio de
carabineros, publicado en el diario El Mercurio, desde 2005 se han instalado
198 artefactos explosivos en Santiago. Se los adjudicaron 81 diferentes grupos
anarquistas o antisistema, 11 personas han sido enjuiciadas, pero sólo una
cumple pena efectiva de cárcel. En ninguno de esos casos, la justicia pudo
acreditar que se tratara de delitos terroristas.
Actualmente, decenas de presos
políticos mapuche se encuentran presos a la espera de un juicio. La mayoría de
ellos, son sospechosos de la quema de predios, casas patronales, camiones o
iglesias en la zona de la Araucanía, en la gran mayoría de los casos, se ha
invocado la ley antiterrorista.
2. En diciembre del 2017, según lo consigna información emitida por
radio Cooperativa el día 6 de diciembre
de 2017, 11 taxistas fueron detenidos y
acusados de amenazar a dos choferes del Transantiago, para luego quemar
sus buses la noche anterior a una protesta contra las aplicaciones Uber y Cabify en julio del mismo año,
quedando ocho de ellos en prisión preventiva. Los detenidos fueron formalizados
por los delitos de incendio y robo con intimidación, para efectos penales, delitos
comunes.
Según los antecedentes entregados
por el Ministerio Público en la audiencia, se trata de una banda coordinada
que, con varias horas de anticipación, acordó juntarse en una bencinera aledaña
al Terminal de Buses de Estación Central. Allí llevaron extintores y neumáticos
para quemar los buses. Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía está la
declaración de testigos, además del registro de las llamadas telefónicas y las
cámaras de seguridad que situaron a los sujetos en el lugar. Según los choferes
del Transantiago, los sujetos los
golpearon y obligaron a descender de las máquinas afirmando que no era contra
ellos, sino que por su "necesidad de protestar".
Esta detención abrió además otra
arista, luego de que se descubriera que varios de los involucrados manipulaban
más de cinco millones de pesos en billetes falsos, además de utilizar vehículos
robados y clonados. El fiscal Raúl Guzmán comentó que los detenidos tienen
distintos niveles de participación en estos hechos, pero conjuntamente con ello
para lograr quemar los buses primero se apropiaron de manera violenta de los
mismos y así “se configura el delito de robo con intimidación". Porque el hecho no fue caratulado de carácter
terrorista??.
3. según información emitida por EMOL , el 29 de julio de 2015, un grupo de
contratistas de la división El Teniente de Codelco bloquearon la ruta 5 Sur,
tras levantar barricadas, incendiaron
dos buses de la empresa Link, que presta servicios de transporte a la
minera, en la región de O'Higgins. El incidente se inició cerca de las 06:00
horas en el kilómetro 90, a la altura del puente Cachapoal en la salida sur de
Rancagua, donde un grupo no determinado de sujetos bloqueó el lugar en ambos
sentidos. Según los primeros antecedentes policiales, los sujetos
interrumpieron el paso de nueve buses de la empresa Link que trasladaba
trabajadores que ingresaban y salían del turno. Luego, hicieron bajar a los
pasajeros y exigieron las llaves a los conductores, para después a dos de las
máquinas prenderles fuego y otros siete romperle los vidrios con piedras,
teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, el caso no fue tipificado de
carácter terrorista.
4. El 08 de agosto de 2012, según
publicación de Radio Bio-Bio, en plena luz del día, un total de tres buses del
Transantiago fueron atacados en esa jornada de protesta por un grupo de
encapuchados, durante la fallida marcha convocada por estudiantes secundarios
en Santiago, 2 máquinas de transporte público fueron incendiadas en Avenida
Marín con Ramón Carnicer, en la rotonda ubicada en el Parque Bustamante, en el
marco de la movilización registrada esta jornada.
Según las primeras informaciones,
el grupo de sujetos bloqueó el paso de los buses tipo oruga con barricadas para
luego atacarlos con bombas incendiarias. El carro lanza aguas de Carabineros debió
intervenir en primera instancia para controlar el fuego en ambos buses, que
terminaron con sus carrocerías completamente destruidas, sin embargo, y con una
diferencia de algunos minutos, otro bus fue atacado en el sector de Santa
Isabel con Ramón Carnicer, con el mismo modus operanti del primer atentado, los
encapuchados obligaron a descender a los pasajeros y al conductor, para
posteriormente lanzar combustible en su interior y prenderle fuego. Hasta el
lugar debió arribar nuevamente el carro lanza aguas de Fuerzas Especiales para
controlar las llamas, a la espera que llegaran voluntarios de bomberos que
vieron dificultado el acceso debido a los bloqueos en las calles aledañas instalados
por los desconocidos. Porque para el
Ministerio público, el Gobierno y las policías, este hecho no reúne las
condiciones para invocar la ley antiterrorista??
Entre otras informaciones
emitidas por organismos de estado, es sorprendente como se suman los casos, en
que el movimiento político Mapuche, es aludido.
Un informe de Carabineros de Chile, declaró que
entre julio de 2014 y enero de 2015, de los 160 incendios en la región de la Araucanía,
sólo 16 fueron responsabilidad directa de personas de origen Mapuche, según investigaciones
realizadas, esos incendios no fueron provocados de forma intencional, en su
gran mayoría fueron originados de forma
irresponsable por quemas sin autorización y fuera de plazo.
Pero si de casos sorprendentes
para encarcelar mapuche se trata, quisiera enumerar los más emblemáticos de los
últimos tiempos, en la que la justicia chilena a puesto los ojos, esa justicia
que en tiempos de democracia dejo de ser ciega.
Operación Paciencia: Durante
el gobierno de Ricardo Lagos, tercer gobierno de la concertación se implementó la Operación Paciencia para
criminalizar la rebelión del movimiento mapuche, este gobierno nunca asumió que
su accionar violentaba los Derechos Humanos del pueblo mapuche. Once años
después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre
estos tres casos emblemáticos en los que el tercer gobierno de la Concertación,
aplicó la ley antiterrorista, caso Longko, Poluco-Pidenco y Ancalaf. La totalidad
de los acusados en estos tres juicios eran importantes actores políticos del
movimiento mapuche y específicamente integrantes de la Coordinadora
Arauco-Malleco (CAM). Para el caso
particular de Aniceto Norin, Pascual Pichun y Juan Ciriaco Millacheo, autoridades
tradicionales de sus respectivas comunidades, según la declaración de los
derechos de los pueblos de la ONU, tiene una consideración particular al ser
representantes de una nación originaria. En el caso de Víctor Ancalaf y José
Huenchunao, emblemáticos voceros de la CAM y de sus respectivas comunidades,
desde la perspectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
una marcada persecución política a los integrantes del movimiento mapuche y una
abierta criminalización a sus demandas.
Sentenciados bajo la Ley que
castiga Conductas Terroristas, el fallo critica la utilización de esta ley en
casos de reivindicación de “él y los derechos del pueblo mapuche”. También
subraya que se utilizó razonamientos que “denotan estereotipos y prejuicios”,
violándose el principio de igualdad y no discriminación de los acusados. Si
bien se criticó la utilización de los testigos sin rostro y las detenciones
preventivas en el fallo, es importante recalcar que la CIDH subraya que Chile
“incurrió en violaciones al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
a los derechos políticos de los Mapuche”.
Paciencia 2: Entre noviembre
del año 2006 a marzo del 2008, se produjo una nueva ola represiva contra de los dirigentes políticos de la
Coordinadora Arauco Malleco CAM, que parece calcada a la campaña de
Inteligencia lanzada durante el gobierno socialista de Ricardo Lagos
(2000-2002) denominada “Operación
Paciencia”, esta nueva operación represiva, está dirigida
directamente a descabezar la “elite política mapuche” como es denominada por
los medios oficialistas de la época.
En noviembre del 2006 es detenido
José Llanquileo sindicado por la Agencia Nacional de Informaciones ANI como el tercer hombre de la CAM, en febrero del 2008 es detenido Hector Llaitul, sindicado como el
segundo hombre de la organización y en Marzo del mismo año es detenido José
Huenchunao, sindicado como el líder
ideológico de la Coordinadora Arauco Malleco. Esta ola termina en marzo de
2008, cuando es detenido Ivan Llanquileo Antileo, (según lo consignaba el
diario la Nación el 27 de febrero 2008 con la captura de Iván Llanquileo
Antileo, el martes pasado en Cañete, la Coordinadora Arauco-Malleco ya no tiene
líderes.)
Caso Luchsinger Mackay: La madrugada del 4 de enero de 2013, el
matrimonio Luchsinger Mackay murió al interior de su casa en Vilcún a raíz de
un voraz incendio, el hecho que fue calificado como acto terrorista y para
tal efecto, el Ministerio Público, el Gobierno y los querellantes invocaron la Ley 18.314. El único condenado
por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay es el machi Celestino Córdova,
al machi lo encontraron a menos de 2 kilómetros de la granja Lumahue con una
herida de bala, aunque hasta el día de hoy existen dudas respecto a esa herida,
nunca se comprobó que fuera una bala de Werner Luchsinger la que lo hirió, como
lo informo la prensa. El 20 de enero del
2014, el Tribunal dio a conocer el veredicto del juicio, donde se condenó al
machi Celestino Córdova a 18 de cárcel por el delito de incendio con resultado
de muerte, pero se desestimó el carácter terrorista en el hecho.
El 30 de marzo de 2016, fueron
detenidos 11 imputados, luego de usar como prueba principal, declaraciones bajo
extorsión, torturas, amenazas, detenciones ilegales, escuchas telefónicas y suplantación de pruebas en contra de 11 mapuche, la gran mayoría reconocidos dirigentes en la
zona: la machi Francisca Linconao, Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio
Catrilaf, Eliseo Catrilaf, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán
Catrilaf, José Tralcal y José Peralino, junto al ya condenado machi Celestino
Córdova, ellos serían, según la Fiscalía, los culpables, Los terroristas.
El miércoles 25 de octubre del
2017, después de 35 jornadas de juicio oral, los 11 imputados fueron
absueltos, a más de un año y medio
después de que fueran formalizados, algunos con más de año y medio en prisión
preventiva, por decisión unánime, los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal,
resolvieron absolver a cada uno de los 11 imputados por el juicio Luchsinger Mackay,
acusando la falta de pruebas y garantías para condenarlos.
El caso conducido por el fiscal de Alta Complejidad
de La Araucanía, Luis Arroyo, y el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, en
la que se pudo dejar en evidencia detenciones ilegales, torturas, amenazas,
escuchas telefónicas, suplantación de pruebas, todas las evidencias usadas en el juicio, fueron acciones confabuladas por parte de Carabineros y la PDI a lo largo del caso
Luchsinger Mackay y que no fueron
capaces de demostrar en juicio, la culpabilidad de los 11 imputados,
todos los mapuche quedaron en libertad.
Como este caso fue de gran
connotación pública y debido la
gran presión política y empresarial en
la región, el ministerio público, el Gobierno y la familia buscaban más
culpables, se llevó entonces el caso a un segundo juicio oral en contra de los 11 imputados, porque era
necesario encarcelar a más mapuche y dejar la sensación que en esta región rige
el estado de derecho.
El pasado sábado 5 de mayo 2018 ,
José Peralino Huinca, José Tralcal y Luis Tralcal fueron declarados culpables,
en calidad de autores, por el delito de incendio de carácter terrorista con
consecuencia de muerte. El tribunal determinó la absolución de los otros ocho
imputados y fueron absueltos de todos los cargos formulados en su contra; la machi Francisca Linconao, Aurelio Catrilaf
Parra, Hernán Zenén Catrilaf Llaupe, José Arturo Córdova Tránsito, Juan Segundo
Tralcal Quidel, Sabino Catrilaf Quidel, Eliseo Ariel Catrilaf Romero y Sergio
Marcial Catrilaf Marilef, decretando así
su inmediata libertad.
Operación Huracán: así se bautizó la más nefasta casería de mapuche
producto del mas chanta operativo policial que se tenga memoria en chile en
tiempos de democracia, iniciado por Carabineros de Chile y la fiscalía bajo el
amparo de la Ley de Inteligencia realizado el 23 de septiembre del año 2017, en la que ocho dirigentes mapuche fueron
apresados violentamente, sin mediar orden de detención, siendo, además,
allanadas sus viviendas y agredidos algunos de sus familiares, entre ellos
varios niños, los Peñi Héctor Llaitul Carrillanca, su hijo Ernesto Llaitul,
Jaime y Rodrigo Huenchullán, David Cid Aedo, Martín Curiche, Claudio
Leiva y el machi Fidel Tranamil, todos ellos fueron a parar a la carcel producto del mas
burdo montaje confabulado en democracia, en contra del movimiento Mapuche.
Particularmente aquí, la Fiscalía le imputaba
a los Peñi detenidos, tres quemas de camiones que tuvieron lugar en la Ruta 5 al
sur de Temuco a la altura de la comuna de Padre Las Casas, en San José de la
Mariquina y en la empresa Cavalieri en la cercanías de Pillanlelfun.
Pero eso no era todo, la
triangulación de datos de inteligencia y las líneas investigativas, la
Operación Huracan ocultaba otra operación más nefasta y perversa la “Operación Andes”
que pretendía involucrar a un sin número de reconocidos dirigentes Mapuche en
el contrabando de armas desde Argentina.
Como la acción de la justicia
chilena, la balanza se carga visiblemente para quienes controlan el poder y
como era de esperar, los principales
artistas de este nefasto montaje, el ex
jefe de inteligencia Gonzalo Blu, el supuesto profesor Alex Smit, el genio de
antorcha, no tendrán un solo día de cárcel por los delitos de asociación
ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación,
solo a Leonardo Osses se le decreto prisión preventiva, y adivinen donde..!! en dependencias de carabineros de chile, su institución.
Caso Iglesia: otro caso en que el uso y abuso de la Ley antiterrorista se
aplica en contra de cuatro personas de
origen mapuche.
El viernes 10 de junio del 2016 el ex intendente
de la Araucanía Andres Jouannet, representante político del Gobierno de Michelle Bachelet, interpuso una querella por el delito de incendio
terrorista contra quienes resulten responsables, hecho ocurrido la noche del
jueves 11 de junio de 2016 a una iglesia evangélica en Padre Las Casas, sector Niágara, donde un grupo de
encapuchados habría obligado a un grupo que participaba de un culto a salir del
templo para luego incendiarla, recordar que Michelle Bachelet, quien como
candidata presidencial en abril del 2013 señalaba a la prensa que en ningún
caso aplicaría la Ley Antiterrorista, en el marco del llamado conflicto
mapuche, como lo hizo en su anterior
mandato, en esta acción falto a su palabra.
Carabinero detuvo al longko
Alfredo Tralcal Coche y los hermanos: Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo y Pablo
Iván Trangol Galindo, a quienes se le
imputaron los hechos. El 27 de abril del
presente año el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, condenó a 10 años de
cárcel efectiva a Pablo y Benito Trangol Galindo por su participación en los
hechos, En tanto, el tribunal decretó la absolución de los coimputados en el
delito Ariel Alexis Trangol Galindo y Alfredo Heraldo Tralcal Coche y la
absolución, por tenencia ilegal de munición, de Pablo Iván Trangol Galindo.
Asimismo, el tribunal descartó la calificación del delito de incendio como
delito terrorista, como pedía el Ministerio Público.
Si hacemos una rápida comparación entre este último caso, con lo
ocurrido en la división El Teniente de Codelco
en la región de O'Higgins, el 29
de julio de 2015 donde un grupo de sujetos bloqueó el lugar en ambos
sentidos, interrumpieron el paso de
nueve buses de la empresa Link que trasladaba trabajadores que ingresaban y
salían del turno, hicieron bajar a los
pasajeros, para luego prenderles fuego a las maquinas, similar al
caso iglesias en los hechos, porque este caso no tuvo el carácter
terroristas??? Porque la justicia actúa de distinta manera?? Porque fue en otra región?? Porque no habían Mapuche
en la cercanía??
¿Qué papel ha jugado el Ministerio Público y los Gobiernos de esta
burda democracia en estos casos y cómo responden a las acusaciones de
manipulación de pruebas y testigos sin rostros?
En las últimas décadas, 19
mapuches hombres y mujeres han sido asesinados entre los años 2002 y 2017, por
el uso irracional de la fuerza por parte de la policía chilena y las balas de
los usurpadores de las tierras, la
mayoría de las muertes durante los gobiernos de Michelle Bachelet. Violencia que
también alcanza a los niños y niñas Mapuche, siendo víctimas de golpes,
perdigones, violencia psicológica por parte de la policía chilena en sus
constantes allanamientos a las comunidades, con el objetivo de amedrentar y provocar
temor.
11. Agustina
Huenupe Pavian (2001), 2. Mauricio Huenupe Pavian (2001), 3. Jorge Antonio
Suarez Marihuan (2001), 4. Edmundo Alex Lemunao Saavedra (2002), 5. Julio
Alberto Huentecura Llancaleo (2004), 6. Zenén Alfonso Diaz Nécul (2005), 7.
Jose Gerardo Huenante Huenante (2005), 8. Lonko Juan Lorenzo Collihuin Catril
(2006), 9. Matias Valentin Catrileo Quezada (2008), 10. Johnny Cariqueo Yañez
(2008), 11. Jaime Facundo Mendoza Collío (2009), 12. Rodrigo Melinao Lican
(2013), 13. José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil (2014), 14. Victor Manuel
Mendoza Collío (2014). Ninguno de los asesinos estuvo ni siquiera un día en la
cárcel.
Plan Impulso Araucanía
como era
de esperar la lógica de acción de un
gobierno de derecha en esta región, utilizando una vez más una imagen de
gobiernos de carácter social, aumentando considerablemente el presupuesto para
financiar proyectos asistencialistas por un lado, pero por otro, el Gobierno de
Sebastián Piñera, envió a un grupo de 40
funcionarios del GOPE de carabineros a formarse en técnicas de persecución
terrestre a Colombia y Estados Unidos, denominado “Comando Jungla” con el
objetivo de desplegarlo en el Ancestral Territorio Mapuche y atacar una guerra
que solo existe en la mente retorcida y recalcitrante de la derecha política, tal
lobo en cuero de oveja.
El supuesto conflicto Mapuche, no es un tema judicial, el problema es político, como siempre lo ha
sido, nada tiene que ver con el terrorismo. Nuestra lucha es por los derechos
conculcados por el estado Chileno, Derechos Territoriales, Culturales,
Económicos y Políticos.
Mientras no surja una alternativa de poder que desafíe el actual
ordenamiento institucional chileno, promoviendo más democracia, más derechos
sociales y políticos para el Pueblo Mapuche, la suerte de este país en el
ancestral territorio Mapuche, seguirá en manos de una mafia de empresarios que
se valen de oscuros operadores para sus maniobras políticas y financieras y de
esta manera, perseguir y encarcelar Mapuche.
Nuestra firme convicción y actitud será entonces, rechazar la actual justicia chilena, no dejaremos de
luchar, porque no estamos dispuestos a
rendirnos ante esta nefasta justicia.
Amutulayiñ(no nos fuimos), Amutulayayiñ(no nos iremos),
Mvleyiñ(estamos), Mvlekayayiñ (seguiremos estamos)
Libertad a Los Presos Políticos
Mapuche!!
Amulepe wewaiñ Weichan!!
Salvador Penchulef
Lof Penchulef en Resistencia, Comunidad Antonio Peñeipil,
Galvarino,
Actualmente nuestra comunidad se encuentra en proceso de recuperación de 4.500 hectáreas aproximadamente.
Nuestro Lof ejerce control Territorial en el 50 % de este territorio, no daremos un paso atrás en nuestras acciones.
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