Empresas Eléctricas Llaman a no Instalar Propaganda Política en Postes

Legislación prohíbe instalar propaganda en instalaciones eléctricas

La prohibición expresa para instalar propaganda política en postes y redes eléctricas, recordó Frontel , a una semana de iniciarse el periodo de propaganda electoral con miras a las próximas elecciones municipales de octubre.

De acuerdo a lo que establece la Ley 19.884, sobre Transparencia del Gasto Electoral y las Campañas, en su artículo 32°, “no podrá realizarse propaganda electoral en equipamiento urbano…incluidos postes, ni tampoco que se adhiera de cualquier forma al tendido eléctrico…”

Las redes eléctricas y los postes que las sostienen, no pueden ser utilizados para otras finalidades que las de distribución de energía, prohibiéndose particularmente el apoyo físico de propaganda electoral.   El uso de instalaciones eléctricas para fines distintos a la distribución de energía,  implica 3 riesgos importantes: peligro evidente para la seguridad de las personas ya que un elemento mal instalado podría caer, el riesgo de electrocución para quienes instalan el material sin el debido conocimiento y los equipos de protección necesarios, y además posibles alteraciones a la calidad  y continuidad del suministro eléctrico para la comunidad.

Los postes deben estar libres de todo obstáculo para acceder a la red y equipos eléctricos asociados, con el propósito de cumplir labores de mantenimiento periódico y de emergencia. Cualquier elemento ajeno pone en riesgo la integridad del nuestro personal técnico que debe trabajar en dichas instalaciones.

Quien realice estas prácticas estará contraviniendo las normas legales y reglamentarias que rigen sobre esta materia.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) faculta a todas las empresas y cooperativas eléctricas, para que adopten las medidas necesarias tendientes a evitar condiciones de inseguridad en sus instalaciones, indicación que autoriza el retiro de cualquier tipo de propaganda que se instale en cables o postes, y  el posterior cobro de tal acción a los comandos de las candidaturas políticas.