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lunes, agosto 13, 2012

Dirigentes mapuche se reúnen con Ministro de Economía y presentan plan de desarrollo que fomenta productividad en los territorios


Son la primera cooperativa mapuche en ser aceptada como miembro de la Cámara de Comercio Norteamericana de Silicon Valley, y reúnen a 37 productores de 25 comunidades de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

La Cooperativa Rewe nació en 2007 como asociación indígena y actualmente explota 35 hectáreas con plantaciones de distintos tipos de berries, repartidas entre las comunas de Cañete, Tirúa, Carahue, Cholchol, Imperial, Pitrufquen, Loncoche y La Unión, en territorios pertenecientes a las comunidades locales.

Dirigentes de la agrupación se reunieron con el ministro de Economía Pablo Longueira, y luego con el vicepresidente ejecutivo de Corfo Hernán Cheyre, para proyectar el trabajo que han desarrollado y que les ha permitido obtener recursos de distintos organismos para la construcción de una planta de procesamiento de frambuesas.

Según explica el representante de la Cooperativa, Arnoldo Ñanculef, este grupo de emprendedores mapuche busca proyectar su trabajo a 10 o 15 años, aprovechando la capacitación de sus dirigentes y asociados para ampliar el territorio en producción –con una meta de 200 hectáreas- e integrar el cultivo de hortalizas, entre otras mejoras posibles.

Ante la buena experiencia de la Cooperativa, Hernán Cheyre comprometió el trabajo de Corfo para evaluar alguna opción que permita utilizar las líneas de apoyo actuales del organismo y así seguir avanzando en el desarrollo de esta y otras comunidades mapuche.

“En Corfo apoyamos todas las buenas ideas de negocio, y si tenemos un excelente ejemplo como lo desarrollado por la Cooperativa Rewe, y podemos ayudar a que otras comunidades mapuche repliquen este modelo asociativo y productivo, seguro que lo haremos”, indicó Cheyre.

Desde el 2009 a la fecha, Corfo ha apoyado -a través de distintas líneas- 22 proyectos desarrollados por comunidades mapuche o cuyos beneficiarios directos son miembros de comunidades, con una inversión pública superior a los $1.490 millones.

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