La actividad
física representa una buena manera de mantener una salud sin mayores
complicaciones, que permite mejorar la calidad de vida de las personas.
“Sin embargo
-aclaró el diputado Enrique Estay (UDI)-, también es fundamental tener presente
que no todas las personas están capacitadas para hacer el mismo tipo de
ejercicio, ni en intensidad, ni en tiempo”.
Por esta
razón, el diputado Estay presentó un proyecto de ley con el fin de que en
gimnasios y centros de entrenamiento deportivo se indique mediante instructivos
legibles los efectos de la práctica del deporte o ejercicio que se pretende
realizar, como también las personas que no se encuentran en condiciones de
ejecutarlo.
El
parlamentario gremialista explicó que “si bien el ejercicio y una adecuada
alimentación producen provechosos efectos en la salud de las personas,
mejorando -entre otros aspectos- el sistema cardiovascular, el aumento de la
masa corporal y, en general, el incremento de un mejor estado físico, deben
existir normativas que regulen la actividad física en el ordenamiento jurídico,
ya que hoy existe un sensible vacío legal respecto de las personas habilitadas
para la práctica de determinadas rutinas de ejercicios”.
En esta
línea, el legislador de la UDI
dijo que “por ejemplo, la práctica del spinning se puede considerar una
actividad no apta para toda clase de personas, porque es un deporte intenso,
que requiere una exigencia superior en materia cardiovascular, de manera que
eventualmente puede generar un perjuicio en aquellas personas que posean
ciertas anomalías al corazón o que tienen la presión alta, así como también en
los menores de 15 años, y las mujeres embarazadas”.
Por eso,
sentenció el diputado Estay, “con esta iniciativa legal se busca establecer una
reglamentación en el sentido de evitar riesgos innecesarios para las personas,
diferenciando a las personas aptas y a quienes no lo son para la práctica de
ciertas sesiones de entrenamiento impartidas en gimnasios y centros deportivos,
razón por la cual este proyecto de ley busca regular la actual Ley del
Consumidor, donde existe un claro vacío legislativo al respecto”.