Educación 2020, movimiento ciudadano con más de 81 mil
adherentes, hace notar su profunda preocupación por la situación actual del
conflicto estudiantil.
No ha prosperado la mesa de diálogo, no se vislumbra que los
esfuerzos resulten en cambios relevantes del sistema educativo y en el
intertanto ha aumentado el riesgo de que la Educación Pública
termine por desmoronarse. Esto es extremadamente grave.
La permanente caída y destrucción del sistema de educación
pública no es casual ni reciente: es el resultado de un conjunto de políticas
inadecuadas que, a lo largo de los últimos treinta años, ha ido deteriorando
este sistema, vital para el desarrollo republicano del país.
La prolongación del conflicto no sólo amenaza la educación
de muchos alumnos y la situación financiera de sus familias. Tiene como daño
colateral la pérdida de matrícula y un deterioro financiero casi irreparable
para las escuelas municipales y muchas universidades tradicionales.
NUESTRO LLAMADO
Es responsabilidad esencial del Gobierno proponer un
itinerario y cronograma de propuestas financieramente claras, realistas, con
metas verificables de corto, mediano y largo plazo, y que aborden las demandas
estudiantiles más relevantes. Se debiera abrir el diálogo a más actores para
aportar otras perspectivas, y construir una discusión objetiva tomando como
base temas como los que expondremos a continuación.
Por ello hacemos un llamado a los partidos políticos,
parlamentarios, alcaldes, sostenedores, rectores y académicos a debatir y
levantar propuestas con urgencia para colaborar en estos acuerdos, en los
plazos que el país necesita.
Valoramos el esfuerzo del movimiento estudiantil por poner
en el centro de la discusión nacional los graves problemas de la educación, lo
que objetivamente ha movilizado a cientos de miles de personas. Esto no puede
ser ignorado. Pero así como valoramos sus logros, les proponemos capitalizarlos
precisando aún más sus demandas y transformándolas en una agenda de políticas
públicas factible y negociable.
Los estudiantes pueden mantenerse movilizados de manera
creativa, pero ojalá retornando a clases a la brevedad. Más allá de la
legitimidad de manifestarse paralizando actividades, la situación a que hemos
llegado amenaza gravemente la continuidad de la Educación Pública ,
que es lo que paradojalmente este movimiento defiende.
Proponemos asimismo que todos depongan expresiones
descalificatorias, violentas o autoritarias que no han ayudado a la solución
del problema.
PRINCIPIOS PARA UNA
SOLUCIÓN
A juicio de Educación 2020, hay 7 pilares fundamentales para
lograr un piso de acuerdos básicos, que permita mejorar la calidad, equidad e
integración del sistema educativo, evitando los abusos que se han cometido en
un mercado desregulado en varios de sus aspectos fundamentales.
1. Compromiso explícito del Gobierno con la Educación Pública.
Vemos con preocupación que el Gobierno ha manifestado una posición vacilante en
este tema. A nivel escolar, ella está en estado de virtual quiebra. No bastará
con una ley que modifique la institucionalidad de los sostenedores municipales.
Es necesario resolver las dimensiones financieras de esta situación, y el
Gobierno debiera explicitar de qué manera abordará el que hay muchos barrios y
comunas de Chile en que la oferta pública está en virtual extinción. Esto es
indispensable para garantizar el derecho a una Educación Pública de calidad y
gratuita en todo el territorio y en todos los niveles del sistema educativo.
2. Profesión Docente. Requerimos una nueva carrera, rigurosa
en su formación, exigente en su desempeño y bien remunerada, con profesores
habilitados en todas sus competencias, y un nuevo marco estatutario aplicable
tanto al sector público como al particular subvencionado. Sin este elemento, el
resto de la reforma educativa carecerá de sentido.
3. La educación parvularia y escolar financiada por el
Estado debe ser gratuita. Ella debe abordar la cobertura y calidad desde los 2 a 6 años, así como la
enseñanza Básica y Media. A medida que se aumente la subvención es necesario
eliminar gradualmente la figura del financiamiento compartido, fuente
fundamental de la segregación social del sistema. La gratuidad debe comenzar
por la base, es decir, en los primeros niveles de educación.
4. Nueva relación contractual del Estado con las
instituciones proveedoras de educación. El Estado debe exigir a la brevedad
calidad en un sentido integral, mecanismos de integración social, y
transparencia financiera en el sistema educativo, sea en educación general o
superior, pública o privada. Debe entregar subvenciones, avales, becas,
créditos o descuentos tributarios sujetos a convenios de desempeño para
asegurar calidad en la educación, reservándose la posibilidad de intervenir en
caso que la institución respectiva no cumpla con estándares contractuales
pre-definidos
5. Rediseño integral de la educación superior. La mera
provisión de nuevas becas y créditos no resolverá los severos problemas de este
sector. Se requieren cambios en su estructura de financiamiento, en la PSU como mecanismo de ingreso,
el control de aranceles, la diferenciación del financiamiento a la
investigación y extensión, y la eliminación de las restricciones normativas de
las universidades públicas. Debe asimismo resolverse el grave desbalance entre
la provisión de carreras profesionales, técnicas y oficios de excelencia.
6. Financiamiento en educación superior. Hay condiciones
para avanzar hacia una mayor gratuidad de la educación superior para los
primeros quintiles de ingreso, siempre que se asegure la calidad del proveedor,
a través de un sistema de acreditación – hoy totalmente cuestionado – que dé
garantías básicas a los resultados que obtendrá el alumno. Su redefinición
inmediata es una precondición clave para seguir avanzando.
7. Clarificación del financiamiento. Se requiere de un plan
de corto, mediano y largo plazo, desglosado, con metas verificables, que
asegure la sustentabilidad de la reforma educativa, y que disipe las dudas que
la propuesta financiera del Gobierno ha generado. El monto requerido es al menos
3 veces superior a lo propuesto por las autoridades. Los chilenos, en esta
ocasión, debemos preguntarnos seriamente si estamos dispuestos a meternos la
mano al bolsillo para abordar el principal desafío para el futuro de nuestra
sociedad.